El Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, a partir de la decisión unánime de los 20 Colegios de Abogados departamentales que lo integran, ha iniciado una acción judicial a efectos de resguardar los derechos, intereses, garantías constitucionales, convencionales y legales pluri-individuales y homogéneos de los abogados y las abogadas matriculados/as.
En la presentación realizada se solicitó que se resuelva -en forma expresa- la petición articulada ante el Poder Ejecutivo Provincial en fecha 14/4/20, por medio del que se requiriera la excepción al Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, para posibilitar la libre circulación de los/as abogados/as en el ejercicio de la profesión en todo el territorio provincial, así como la concurrencia a los estudios profesionales a los fines de cumplimiento de aquellos actos propios de ésta, bajo un estricto protocolo sanitario.
En ese contexto, el Poder Ejecutivo provincial –-dentro del ámbito de su competencia propia o posibilitando la intervención de la Jefatura de Ministros de la Nación, y a pesar de algunas excepciones parciales dictadas para diferentes municipios- no ha resuelto en forma global al planteo realizado, el que involucra a la totalidad de los/as abogados/as de la Provincia y la posibilidad efectiva del pleno ejercicio de la profesión en resguardo de los derechos de la ciudadanía.
Menos aún se ha dado respuesta a dicho reclamo, impidiéndonos conocer cuáles resultan ser los criterios técnicos y/o los fundamentos jurídico-fácticos acerca de dicho tratamiento no igualitario, no sólo en lo territorial sino también respecto de otras profesiones asimilables en sus modalidades de ejercicio.
Dichas omisiones -formales y materiales- conllevan un obrar antijurídico afectando manifiestamente el ejercicio profesional de nuestros representados/as, y adicionalmente, frustran e impiden que la Justicia provincial funcione adecuadamente.
